La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define al salario mínimo como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual.
Sobre la base de esta definición, se considera que existen salarios mínimos en más del 90 por ciento de los Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. La existencia de una remuneración salarial mínima ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso y que se pague un salario mínimo vital a todos quienes tengan empleo y necesiten esta clase de protección. Los salarios mínimos también pueden ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad, incluyendo las disparidades que existen entre hombres y mujeres.
Los sistemas de salarios mínimos deberían ser definidos y diseñados de tal forma que actúen como complemento y refuerzo de otras políticas sociales y de empleo que tienen por objeto establecer las condiciones de empleo de trabajo (por ejemplo, las políticas en materia de negociación colectiva).
En la fijación y ajuste de los niveles de salario mínimo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera los aspectos siguientes:
a) Establecer y ajustar los niveles salariales es tal vez la parte más difícil del proceso de fijación de los salarios mínimos. Si se establece un nivel demasiado bajo, el salario mínimo tendrá poco efecto en la protección de los trabajadores y sus familias contra el pago de salarios indebidamente bajos o la pobreza. Si se establece un nivel demasiado alto, los salarios mínimos serán poco respetados y/o tendrán efectos adversos en el empleo.
Hace falta adoptar un enfoque equilibrado y basado en datos fácticos que tenga en cuenta, por una parte, las necesidades de los trabajadores y sus familias y, por la otra, los factores económicos. Lograr un equilibrio adecuado entre estos dos tipos de consideraciones es esencial para asegurar que los salarios mínimos se adapten al contexto nacional, y que se tomen en cuenta tanto la protección efectiva de los trabajadores como el desarrollo de empresas sostenibles.
b) La adopción de un enfoque basado en datos fácticos también implica que se disponga de criterios claros para encauzar las discusiones sobre el nivel del salario mínimo, así como de indicadores estadísticos fiables que sustenten adecuadamente los argumentos de los gobiernos y de los interlocutores sociales en el marco de sus deliberaciones. Entre los indicadores estadísticos comúnmente utilizados se incluyen el nivel general de los salarios y su distribución, la evolución y las diferencias entre las regiones por lo que se refiere al costo de la vida, así como los niveles nacionales o sectoriales de productividad del trabajo y las tasas de crecimiento económico.
Para mantener su pertinencia, los niveles de salario mínimo tienen que ser ajustados de vez en cuando. El no hacerlo puede dar lugar a que el poder adquisitivo de los trabajadores que ganan el mínimo se deteriore cuando se produzca un aumento de los precios de los bienes y servicios, o puede generar una mayor desigualdad salarial cuando el nivel general de los salarios aumente.
Dado que los efectos sociales y económicos de los salarios mínimos no son nunca totalmente predecibles, es esencial asegurar que el impacto de los ajustes del salario mínimo sea adecuadamente vigilado y estudiado.
Cuando se utilicen fórmulas matemáticas para ajustar periódicamente las tasas de salario mínimo, su uso debería ser objeto de consultas con los interlocutores sociales y no debería servir para sustituir el diálogo social.
En el Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2021, se destacan los aspectos siguientes:
a) El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) es el instrumento que establece los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. El objetivo superior del PND es el bienestar general de la población, se integra de los ejes generales: Política y Gobierno, Política Social y Economía, además se guía de acuerdo con doce principios rectores. En particular los principios de honradez y honestidad; economía para el bienestar; que impulsan un modelo de desarrollo con inclusión, igualdad, sustentable y sensible a las diferencias territoriales. Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables, fortaleciendo el mercado interno, mediante una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. La planeación democrática del desarrollo nacional establece como propósito un Estado de bienestar. Esta aspiración se ha plasmado en el PND 2019-2024 dentro del Apartado 2.- Política Social y en el Apartado 3.- Economía. Este último delinea la reactivación económica, el mercado interno y el empleo; así como la importancia de instaurar una política de recuperación salarial.
b) En México, durante décadas el salario mínimo dejó de ser una medida para proteger el ingreso de las personas trabajadoras e incidir en la disminución de la desigualdad, incumpliendo con el mandato constitucional que señala que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de una persona jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos (Art. 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Durante 40 años el salario mínimo perdió alrededor del 70% de su poder adquisitivo. A partir de 1976, cuando el salario mínimo alcanza su mayor nivel, igual a 326.80 pesos (a precios de julio de 2018), se inició un abrupto descenso de su poder adquisitivo en un entorno de severas crisis económicas y de recurrentes procesos inflacionarios. En 1982, cuando estalló la crisis de la deuda, el salario mínimo ya había perdido 16.4% de su poder adquisitivo. En 1988, con la profundización de las políticas neoliberales como receta para sortear la crisis, se emprendió la contención del salario mínimo para frenar el incremento de los precios y volver atractivo al país para la inversión extranjera, al limitar el costo de la mano de obra para procesos industriales. Así, en 1999 se alcanzó el punto máximo de pérdida del poder adquisitivo, que fue de 77% respecto al máximo de 1976, en términos reales un monto equivalente a 75.18 pesos (a precios de julio de 2018).
EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO REAL
Promedio anual - Pesos de 2018
Fuente: Elaboración propia con datos propios y del INEGI
Asimismo, la etapa neoliberal mexicana se caracterizó, entre otras cosas, por un continuo deterioro de los salarios reales de las personas trabajadoras. Esto se explica por la política monetaria y fiscal implementada en esos años, que privilegió el control inflacionario a través del anclaje al tipo de cambio y a una política fiscal restrictiva.
Como consecuencia, se incrementaron las personas trabajadoras que enfrentaron una situación laboral precaria caracterizada por bajas remuneraciones y falta de prestaciones laborales, sin ser capaces de cubrir sus necesidades básicas y muy lejos de acceder a una vida digna. Desde 1996 el salario mínimo comenzó a representar menos del 90% del valor de la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana (LPIU) es decir, del valor de la canasta alimentaria y no alimentaria calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La situación es más crítica si se hace referencia a la tasa de pobreza laboral, es decir, al porcentaje de la población nacional cuyo ingreso familiar no es suficiente para que cada uno de sus integrantes pueda alimentarse adecuadamente, el cual se mantuvo por arriba de 37% a partir de 2009.
PORCENTAJE DE LA CANASTA BÁSICA INDIVIDUAL URBANA QUE ES CUBIERTA POR EL SALARIO MÍNIMO GENERAL
* Datos promedios anuales
Fuente: Elaboración propia con datos propios y del Coneval
Aunado a la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo general, el sistema de salarios mínimos dejó de corresponderse con la estructura laboral y tecnológica actual.
Con la llegada de la nueva administración en diciembre de 2018, se decidió avanzar de manera decidida y con cambios sustanciales, en la recuperación paulatina y responsable del poder adquisitivo de la clase trabajadora, con el objetivo de que sea suficiente para que una familia pueda cubrir sus necesidades normales, es decir, un ingreso digno; para toda la población que percibe el salario mínimo.
c) La Nueva Política de Salarios Mínimos, impulsada por el actual Gobierno de México, está enfocada en que sea suficiente para satisfacer las necesidades de las familias en el orden material, social y cultural, así como para proveer la educación obligatoria de los hijos, según lo establecido en nuestra Constitución. Con incrementos anuales por arriba de la inflación, aun en un entorno internacional adverso y en los escenarios nacionales más complicados. El horizonte es alcanzar, al final de la actual administración, un salario mínimo que sea suficiente para mantener a una familia promedio, asumiendo a dos proveedores en el hogar (el promedio nacional). Esto implica que el salario mínimo al menos será suficiente para mantener al trabajador y un dependiente económico. Se promoverá que la política sea transexenal y se continúe con un crecimiento sostenido del salario mínimo hasta alcanzar una vida digna para todos y todas.
Marco Antonio Gómez Lovera y Luis Felipe Munguía Corella, en su estudio “El impacto del salario mínimo en la pobreza“, de fecha octubre de 2023, y publicado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se destacan los aspectos siguientes:
a) Este estudio abona al debate público sobre el efecto del salario mínimo en la pobreza y provee una primera estimación específica para la pobreza multidimensional en México. Encontramos que la elasticidad del salario mínimo sobre la pobreza es de -0.36; esto implica que entre 2019 y 2022 el número de personas en pobreza se redujo en 23.7% debido al salario mínimo. En otras palabras, de las 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 millones se pueden atribuir exclusivamente a los incrementos del salario mínimo. Resultados adicionales indican que los incrementos del salario mínimo no impactaron significativamente el nivel de empleo, pero sí tuvieron impacto en el ingreso laboral. Respecto a los programas sociales, un incremento de 10% en el monto de la pensión para personas adultas mayores reduce la pobreza en 13%; y un 10% de incremento en el ingreso por becas a educación básica contribuye a una reducción de 3.5% en la pobreza por ingresos.
b) El salario mínimo siempre ha sido generado debate. Durante décadas se ha pensado que incrementar el salario mínimo necesariamente implicaría una disyuntiva entre perder empleos y ganar aumentos salariales. Sin embargo, la evidencia reciente demuestra que este no es siempre el caso. Como se comprobado en la literatura económica, el efecto que tiene el salario mínimo en el ingreso y el empleo dependerá de varios factores, como el nivel monopsónico del mercado laboral, las leyes del país que las aplica, el nivel del salario mínimo, entre muchos otros.
c) En agosto de 2023, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dio a conocer que en México se redujo la pobreza entre 2018 y 2022 en 5.1 millones de personas. Esto representa una reducción histórica de la pobreza en poco tiempo. Este efecto es doblemente notable al considerar el demoledor efecto que la pandemia de coronavirus tuvo en la actividad productiva. Ante esta reducción, es importante preguntarse cuál fue el impacto que tuvieron los considerables incrementos al salario mínimo en México. En efecto, varios estudios recientes han mostrado que los incrementos salariales durante la presente administración no han tenido impacto en el empleo ((Conasami (2019), Campos y Esquivel (2021) y, Campos y Rodas (2020)).
d) Actualmente, en México la medición oficial de la pobreza no depende sólo de superar una línea de ingreso mínimo, sino que se reconoce como un fenómeno multidimensional que vulnera los derechos y libertades de las personas. México fue el primer país en contar con una medición multidimensional de la pobreza que, además de umbrales de ingreso, considera el acceso a educación, servicios de salud, seguridad social, alimentación, vivienda de calidad, servicios básicos y cohesión social como dimensiones que blindan a las personas contra la pobreza.
e) Durante la década de los 80 y 90, el salario mínimo perdió más del 75% del poder adquisitivo al otorgar incrementos por debajo de la inflación. Frenarlo pretendía minimizar las espirales de incremento de precios y detonar el crecimiento de la producción a través de inversiones alentadas por bajos costos laborales. Bajo esta lógica, el salario mínimo se mantuvo cerca de este valor mínimo los siguientes 15 años.
En 2016 se presentaron los cambios legislativos necesarios para permitir la recuperación del salario mínimo. Y en 2017, por primera vez en décadas, el salario mínimo creció por arriba de la inflación, si bien con incrementos moderados.
A partir de 2019 se dio un verdadero cambio en la política salarial. En primer lugar, se buscó elevar el valor del salario mínimo al menos por encima de la línea de pobreza por ingresos. En segundo, se creó la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde el salario mínimo se duplicó como parte de una estrategia regional de desarrollo y freno a la migración.
f) El salario mínimo ha tenido efectos muy positivos ya que ha reducido la pobreza, aumentado el ingreso y el consumo en el mercado interno, pero no se puede seguir incrementado de manera indefinida. Aunque aún hay espacio para su crecimiento, tiene que alcanzar un punto óptimo donde no se pierdan empleos y las personas trabajadoras tengan un salario digno. En el caso de la pensión para adultos mayores, la limitación es fiscal, no se puede seguir incrementando indefinidamente el monto de la pensión, sobre todo porque la población adulta mayor crece también cada año, sin medidas de política orientadas a su financiamiento.
Dentro de este contexto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, envío iniciativa a la Cámara de Diputados “Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios“, publicada en la Gaceta Parlamentaria, Número 6457-9, el 5 de febrero de 2024, en el que se señalan en la exposición de motivos los aspectos siguientes:
a) La presente iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras mexicanas a través salarios dignos; una política que la actual administración ha impulsado y se ha comprometido a promover y consolidar, pues es un eje fundamental del desarrollo económico. De tal manera que, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en el Apartado 3 “Economía”, se delinea el impulso de la reactivación económica, el mercado interno y el empleo a partir de una política de recuperación salarial y de una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados.
b) Durante la presente administración, el Gobierno de México ha establecido una nueva política de aumentos al salario mínimo, lo que ha significado su crecimiento en más del 100% en términos reales, pasando de 88.36 pesos diarios que anteriormente recibía la base trabajadora en nuestro país, a 248.93 pesos diarios. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), en 36 años nunca se habían registrado aumentos en los salarios mínimos como en los últimos 5 años.
De 1976 a 2016, el salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo, con lo que dejó de ser una medida para proteger el ingreso de las personas trabajadoras, incumpliendo con el mandato del artículo 123, Apartado A fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que a la letra señala:
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
Durante dicho periodo, la política salarial neoliberal privilegió el control de los precios y un bajo costo de mano de obra, al otorgar a los salarios mínimos incrementos por debajo de la inflación, reduciendo su poder adquisitivo de manera consistente.
Como consecuencia, se incrementaron las personas trabajadoras que enfrentaron una situación laboral precaria caracterizada por bajas remuneraciones y falta de prestaciones laborales, sin ser capaces de cubrir sus necesidades básicas y la de sus dependientes, y muy lejos de acceder a una vida digna. A partir de 1996, se constató que el salario mínimo representaba menos del 90% del valor de la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana (LPIU), es decir, del valor de la canasta alimentaria más la no alimentaria calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La situación era más crítica si se observa la tasa de pobreza laboral, es decir, el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral familiar no era suficiente para que cada uno de sus integrantes pueda alimentarse adecuadamente, mismo que se mantuvo por arriba del 37% desde 2009.
Así, el salario mínimo de México pasó de ubicarse como el tercero más alto en Latinoamérica en 1980, a ser el antepenúltimo de la región en 2010, mientras que a nivel mundial pasó del lugar 26 al 80 en el mismo periodo.
Bajo ese contexto, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2020-2024 estableció en su objetivo prioritario 3 la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. La meta de este objetivo fue que, para 2024, se cubriera al 100% el porcentaje que representa el salario mínimo respecto a la LPIU familiar en términos reales.
c) La Nueva Política de Salarios Mínimos implementada por el Gobierno de México ha consistido en proponer incrementos a los salarios mínimos sustanciales, graduales, responsables y consensuados. Dichas propuestas en ningún caso han estado por debajo de la inflación, garantizando que no haya pérdida del poder adquisitivo.
De esta manera, en 2019 el incremento para el salario mínimo general nacional fue de 16.2%, de 20% en 2020, de 15% en 2021, de 22% en 2022 y de 20% tanto en 2023 como en 2024. Además, en 2019 se creó la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde los incrementos fueron de 100% en 2019, 5% en 2020, 15% en 2021, 22% en 2022 y de 20% tanto en 2023 como en 2024.
Con los incrementos aprobados por el Consejo de Representantes de la Conasami, con representación tripartita, se espera que el salario mínimo general a nivel nacional acumule al cierre de 2024 una recuperación de su poder adquisitivo del 110% y del 217% en la ZLFN.
Desde el 1° de enero de 2024, el salario mínimo es de 374.89 pesos diarios en la ZLFN, y de 248.93 pesos diarios en el resto del país, cantidades que se encaminan a garantizar de manera justa la calidad de vida de una familia en México.
Los incrementos de los años recientes han tenido un impacto sustancial en la vida de la población trabajadora y sus familias, en especial de quienes menos ganan. El 10% de las personas aseguradas en el IMSS que menos gana ha visto su salario promedio incrementarse en 146% en la ZLFN y en 73% en el resto del país a partir de la nueva política salarial; mientras que el crecimiento del salario promedio de las personas aseguradas en el IMSS ha sido de 18.3%, en términos reales. Entre 2018 y 2022, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza, de acuerdo con datos oficiales de Coneval; de éstas, 4.1 millones se debieron a la nueva política salarial, según la Conasami.
Estos resultados se reflejan en que el salario mínimo vigente en 2024 supera en casi 1.7 veces la LPIU de Coneval, que establecen un referente del consumo mínimo de una persona para superar la pobreza. Si se analizan productos muy representativos del consumo de las familias mexicanas, el salario mínimo alcanza para comprar 12 kilos de tortillas, 5.9 kilos de huevo y 5.3 kilos de frijol, frente a los 6.5, 3.2 y 3.1 kilos que se podían comprar en 2018, respectivamente.
Por otro lado, se ha comprobado que la nueva política salarial ha ayudado a cerrar las brechas salariales de género, especialmente para las mujeres que menos ganan, ya que una mayor proporción de mujeres trabajadoras ganan un salario mínimo en comparación a los hombres. De acuerdo con la Conasami, los incrementos de los salarios mínimos han reducido la brecha salarial de género en 20% en general a nivel municipal y hasta en un 55.5% en aquellos municipios con los salarios más bajos.
Si bien se espera que, al cierre de 2024, el salario mínimo a nivel nacional alcance una recuperación de 110%, aún se encontraría 36% por debajo del máximo histórico alcanzado en 1976, y todavía no sería suficiente para que una persona trabajadora cubra 2 veces la LPIU de Coneval.
Además, es imprescindible mencionar que no se han encontrado efectos adversos en el empleo e inflación dados los aumentos al salario mínimo. Un estudio reciente (2023) elaborado por la Conasami encontró que por cada punto porcentual que sube el costo laboral, el empleo se incrementó en 0.4 puntos y los precios se elevaron en 0.27 puntos. De tal manera que, con el último incremento al salario mínimo de 20% otorgado para 2024, el empleo se incrementaría en 0.84 puntos y la inflación en 0.58 puntos.
En este sentido, el análisis técnico realizado por la Conasami sugiere que los incrementos a los salarios mínimos superiores a la inflación deben mantenerse, si bien moderando el ritmo respecto a los años recientes. Con esta iniciativa se busca garantizar que nunca más se ubiquen por debajo de la inflación para evitar una nueva pérdida de su poder adquisitivo, como ocurrió en el periodo neoliberal.
d) El Salario de personas trabajadoras al servicio del Estado, México solo será justo si continúa transformándose en un Estado solidario en el reconocimiento de los excluidos, explotados y humillados, que durante muchos años no tuvieron voz; por eso, el Gobierno de México ha construido una estrategia a través de la implementación de programas de bienestar social que, sin intermediarios y de manera directa, llegan a toda la población. Sin embargo, es necesario fortalecer la protección de las y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, todos ellos servidores públicos de nuestro país que desempeñan una labor trascendental para el desarrollo de los ejes rectores de la transformación: educación, salud, trabajo y seguridad.
Así, con un amplio sentido de justicia, en donde nadie se quede atrás, resulta necesario transformar y reconstruir el tejido social desde la dimensión laboral, reforzando a estos sectores, a fin de que logren un acceso al bienestar con equidad.
Garantizar la educación, salud, seguridad y un trabajo con salario justo, es una de las responsabilidades centrales del Gobierno de México.
Tal y como se desprende del Epílogo del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, el Ejecutivo Federal se planteó la responsabilidad de operar una transformación mayor en el aparato administrativo y de reorientar las políticas públicas, las prioridades gubernamentales y los presupuestos para ser el eje rector de la Cuarta Transformación. Esta es una tarea de alcance histórico que involucra al país entero y que aporta al mundo puntos de referencia para la superación del neoliberalismo.
La Cuarta Transformación anhela un país con una población consciente de su capacidad para modelar su destino con una mejora radical en sus niveles de bienestar y seguridad con respecto a los que prevalecían en 2018, con instituciones saneadas, confiables y respetuosas de las leyes y con una sociedad participativa e involucrada en el ejercicio del poder público.
El Poder Ejecutivo a mi cargo considera que la educación, la salud y la seguridad son la llave de la transformación que requiere el país en esta etapa de su historia.
El papel de las maestras y los maestros ha impulsado cambios transformadores en todas las sociedades y en todas las etapas de la historia, porque su labor no sólo es generar conocimiento o conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que el fondo de la labor docente es esencialmente una guía hacia la formación de mejores seres humanos.
El trabajo del personal médico y de enfermería resulta vital para el cuidado de la sociedad, situación que cobró mayor notoriedad a partir de 2020 cuando atendieron de manera heroica a las y los mexicanos que requirieron de atención en el marco de la pandemia de COVID-19. Por ello, el Gobierno de México busca reconocer la amplia vocación de servicio y el humanismo de nuestros médicos y enfermeros que además dedican gran parte de su vida al ejercicio de su profesión proveyéndoles de un salario justo con un enfoque de igualdad.
Finalmente, el apoyo permanente de los servicios de protección federal, Guardia Nacional e integrantes de la Fuerza Armada, en el cambio de paradigma de la seguridad y la construcción de la paz, ha sido fundamental.
Es compromiso del Gobierno de México dar respuesta a las exigencias y necesidades de las mujeres y hombres que trabajan diariamente para brindar paz y seguridad a las familias, garantizando un proyecto de vida digno, así como a mejores condiciones laborales y salariales para este personal, por eso se propone la implementación de un piso de ingreso mínimo para satisfacer sus principales necesidades y las de sus familias, visibilizando su importante labor de salvaguarda de las y los mexicanos que durante los gobiernos neoliberales fue desdeñada e ignorada.
Sin embargo, para concretar la transformación de la educación, salud y seguridad se requiere garantizar un ingreso justo y digno para quienes hacen de estas áreas pilares del desarrollo social.
El ingreso promedio mensual de las personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se situó en 16,152 pesos mensuales durante 2023. No obstante, el salario de las ocupaciones de la salud, educación y seguridad consideradas es inferior.
Las maestras y maestros perciben aproximadamente 12,500 pesos al mes; guardias y policías del Servicio de Protección Federal alrededor de 6,800 pesos; guardias nacionales y soldados del Ejército y Fuerza Aérea alrededor de 16,000 pesos al mes; personal de enfermería del IMSS entre 5,752 y 9,645 pesos al mes; personal médico del IMSS entre 9,184 y 12,095 pesos al mes; y personal de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) alrededor de 11,000 pesos.
Esta disparidad resalta la necesidad de revisar y ajustar las escalas salariales para dichas ocupaciones a fin de fijar una remuneración justa en consonancia a su labor, contribuyendo así a la equidad salarial.
Por esta razón, se considera un acto de justicia establecer a nivel constitucional que las maestras y los maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y médicos y enfermeros, perciban un salario mensual que no debe ser inferior al salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS.
e) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios.
Artículo Primero. Se reforma la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. …
…
A. …
I. a V. …
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
…
…
VII. a XXXI. …
B. …
Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV, del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. …
…
A. …
B. …
I. a III. …
IV. …
…
Las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
V. a XIV. …
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El salario a que hace referencia el párrafo tercero de la fracción IV del Apartado B del artículo 123 de esta Constitución es de dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos con sesenta y ocho centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizado por la inflación estimada para el año 2024.
Este monto se actualizará el 1° de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para ese año.
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