José de la Paz Pérez
El 26 de septiembre de 2014, fue la fatídica noche que marcó la historia reciente de México: 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron en un suceso lleno de sombras y violencia.
Lo que comenzó como una manifestación estudiantil, con la intención de tomar autobuses para participar en las marchas del 2 de octubre de 2014, en conmemoración de la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968, terminó en uno de los episodios más oscuros y enigmáticos del país.
Diez años después, las preguntas persisten: ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Dónde están los 43 estudiantes desaparecidos? ¿Qué se ha logrado con las investigaciones?
La noche de la desaparición
Los estudiantes, conocidos como normalistas, salieron la tarde del 26 de septiembre con destino a Iguala, Guerrero. Su objetivo era recaudar fondos y tomar autobuses que les permitirían viajar a la capital para participar en la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968. Sin embargo, lo que parecía una acción rutinaria de protesta estudiantil se transformó en una tragedia.
Según las investigaciones, durante la noche y la madrugada del 27 de septiembre, los estudiantes fueron interceptados por policías municipales de Iguala y miembros del crimen organizado.
Los informes iniciales señalaron que los jóvenes fueron detenidos y entregados a una organización criminal conocida como Guerreros Unidos. Lo que sucedió después sigue envuelto en el misterio, pero se sabe que los estudiantes nunca fueron vistos de nuevo.
La versión oficial del gobierno en 2014, conocida como la "verdad histórica", afirmaba que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, Guerrero.
Esta versión fue duramente cuestionada tanto por los familiares de los desaparecidos como por organismos internacionales, quienes señalaron inconsistencias y fallas graves en las investigaciones.
Lo que se sabe hoy
Diez años después, la búsqueda de la verdad y la justicia continúa.
Las investigaciones han sufrido múltiples giros, incluyendo la anulación de la "verdad histórica" en 2018, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que no había evidencia suficiente para sostener que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
En los últimos años, el gobierno de México ha mostrado voluntad de reabrir y profundizar en las investigaciones.
En 2020, se conformó una Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, y se han realizado nuevas detenciones, incluidas las de altos funcionarios y militares que presuntamente encubrieron los hechos o participaron en ellos.
El hallazgo de restos óseos en distintas zonas ha permitido la identificación de tres de los estudiantes desaparecidos: Alexander Mora, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Estos descubrimientos han dado esperanzas a las familias, pero también han profundizado su dolor al no encontrar respuestas definitivas sobre el paradero de los demás jóvenes.
El caso de Ayotzinapa no sólo representa una tragedia humana, sino que también ha sido un espejo que refleja la profunda crisis de violencia, impunidad y colusión entre autoridades y el crimen organizado en México.
Las familias de los estudiantes, conocidos como los padres y madres de los 43, se han convertido en símbolos de la lucha por la justicia. Durante estos diez años, no han cesado en sus demandas, organizando marchas, encuentros con autoridades, y manteniendo viva la memoria de sus hijos.
Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta. Las preguntas no resueltas sobre la participación de actores estatales, la falta de hallazgos concretos y las irregularidades en las investigaciones han dejado una marca dolorosa en la confianza del pueblo mexicano hacia sus instituciones de justicia.
Un paso hacia la justicia
A lo largo de esta década, el caso ha experimentado una transformación en la opinión pública y el discurso gubernamental.
Aunque en 2014 la versión oficial fue ampliamente aceptada por sectores del gobierno, hoy, con un cambio de administración y el compromiso de investigar a fondo, se ha dado un paso hacia la apertura y revisión del caso.
En 2022, se hicieron públicos documentos del Ejército que indicaban que las fuerzas armadas tuvieron conocimiento en tiempo real de los hechos, lo que ha añadido otra capa de complejidad y polémica.
Este año, en el décimo aniversario de la desaparición, las familias de los 43 siguen exigiendo la verdad. Quieren saber exactamente qué ocurrió esa noche, por qué sus hijos fueron detenidos, entregados y desaparecidos, y, sobre todo, dónde están.
Diez años no han sido suficientes para dar respuestas concluyentes. En cada aniversario, la herida se reabre, no sólo para los familiares de los desaparecidos, sino para todo el país.
La ausencia de los 43 estudiantes simboliza la desesperanza y el coraje de un México que enfrenta a diario la violencia y la impunidad. Sin embargo, también representa la resistencia y la lucha incansable por la justicia.
El décimo aniversario de Ayotzinapa no es sólo una conmemoración; es un llamado urgente a las autoridades para que continúen investigando, para que no haya más obstáculos en el camino hacia la verdad, y para que las voces de las familias de los desaparecidos sean escuchadas.
Cada uno de los 43 jóvenes es un recordatorio de que, en México, la búsqueda de justicia es larga, dolorosa, pero imprescindible.
La pregunta que sigue resonando es la misma que se planteó hace una década: ¿Dónde están los 43 estudiantes? Y mientras no haya respuestas, Ayotzinapa seguirá siendo un símbolo de resistencia, dolor y esperanza en un México que aún busca sanar sus heridas.