José de la Paz Pérez /
El compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de reunirse con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa es un gesto significativo que refleja la disposición del nuevo gobierno de México de continuar con la búsqueda de justicia en este emblemático caso.
Este acto simboliza la empatía del Estado hacia las víctimas y sus familias, y pone de relieve que la tragedia sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional.
Ya, durante su toma de protesta como jefa del Ejecutivo nacional, dijo en el punto nueve de sus 100 compromisos: "Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa".
Sin embargo, la gran pregunta es si este encuentro marcará el principio del fin de la búsqueda de justicia o si simplemente será un paso más en un proceso que, hasta ahora, ha enfrentado obstáculos.
Sheinbaum está asumiendo una responsabilidad histórica, ya que la promesa de reunirse con los padres implica algo más que palabras: exige acciones concretas que garanticen transparencia y avances reales en la investigación.
La tragedia de Iguala es mucho más que una desaparición forzada; es un símbolo de impunidad y corrupción que ha manchado al Estado mexicano.
Para las familias, esta reunión no puede ser un simple acto simbólico; debe ser un paso firme hacia el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.
Si bien es alentador que una presidenta muestre disposición a escuchar a las víctimas, el reto real radica en la capacidad del gobierno de desmantelar las redes de encubrimiento que han obstaculizado la resolución del caso.
La esperanza de los familiares y de la sociedad en general está centrada en que esta reunión sea la antesala de un verdadero avance en la investigación, que no se quede en promesas o gestos políticos.
Para muchos, la pregunta sigue siendo si el actual sistema judicial mexicano está preparado para ofrecer una resolución definitiva.
El caso de Ayotzinapa ha sido un doloroso recordatorio de las fallas institucionales del país, y, aunque hay voluntad política, el peso de las estructuras de poder involucradas podría ser un obstáculo difícil de superar.
Ya pasaron 10 años desde que los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, desaparecieron cuando se disponían acudir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Desde entonces, la búsqueda de justicia sigue; quizá no está cerca de terminar, pero la reunión con Sheinbaum podría marcar el inicio de una etapa crucial en el proceso.
La sociedad mexicana y, en especial la guerrerense, sigue vigilante y expectante, exigiendo no sólo respuestas, sino también acciones contundentes que pongan fin a la impunidad.