José de la Paz Pérez /
*La propuesta de Ana Lilia Botello busca eliminar trámites costosos y descentralizar servicios del Registro Civil para beneficiar a personas de escasos recursos
Chilpancingo, Gro., 31 de marzo de 2025. – La diputada morenista Ana Lilia Botello Figueroa presentó una iniciativa para reformar las Leyes de Hacienda y del Registro Civil del Estado, con el objetivo de eliminar costos excesivos y facilitar la corrección, aclaración o rectificación de actas a personas de grupos vulnerables y de escasos recursos, trasladando estos trámites a las oficialías municipales y evitando así desplazamientos hasta la capital.
La legisladora destacó que esta medida tiene un "amplio sentido social", ya que actualmente los ciudadanos deben acudir a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil en Chilpancingo para corregir errores en sus documentos, como nombres mal escritos, datos faltantes o inconsistencias en su identidad, lo que genera gastos adicionales en traslado, alimentación e incluso hospedaje.
"Estos trámites no solo son engorrosos, sino económicamente abusivos para quienes viven en comunidades alejadas o en situación de pobreza. Muchos terminan pagando honorarios a gestores o apoderados, lo que agrava su condición", explicó Botello Figueroa.
Beneficios para los más vulnerables
La iniciativa plantea:
*Exentar costos a adultos mayores y personas en pobreza, con constancias expedidas por autoridades municipales.
*Limitar el uso de apoderados, exigiendo que, de ser necesario, no cobren por el trámite.
*Descentralizar la emisión de la Constancia de Inexistencia en el Registro de Deudores Alimentarios, requerida para matrimonios, permitiendo que las oficialías locales la expidan.
Impacto esperado
Si se aprueba, la reforma beneficiará a:
*Familias de bajos recursos que necesiten corregir actas de nacimiento, defunción o matrimonio.
*Personas indígenas y de zonas rurales, evitándoles viajes costosos.
*Mujeres y adultos mayores, quienes enfrentan mayores obstáculos administrativos.
La propuesta ya es analizada en las Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia. De prosperar, Guerrero daría un paso hacia la justicia social y la simplificación administrativa, alineándose con políticas nacionales de inclusión.
Es preciso reconocer que se trata de una iniciativa que no solo humaniza el servicio público, sino que prioriza a quienes más lo necesitan, eliminando barreras burocráticas y económicas en el acceso a derechos básicos.
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