José de la Paz Pérez /
*El presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui, enfatiza respeto a derechos fundamentales en análisis de petición del Ministerio Público
Chilpancingo, Gro., 3 de abril de 2025.- El Congreso de Guerrero actuará con estricto apego al debido proceso y presunción de inocencia al resolver la solicitud de declaratoria de procedencia presentada por la Fiscalía General del Estado, aseguró el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En entrevista, el legislador subrayó que el caso –ya turnado a la Comisión Instructora– será analizado con responsabilidad y equilibrio jurídico: "Somos un Congreso donde tiene que existir absolutamente el respeto por el tema del debido proceso y no podemos hacer ejercicios que no sean dialogados y consensados, por eso debemos ser muy cuidadosos", afirmó.
Características del proceso
*La solicitud del MP busca evaluar la viabilidad de un proceso legal contra un servidor público no identificado oficialmente.
*La Comisión Instructora tendrá la tarea de revisar pruebas y argumentos antes de emitir un dictamen.
*Urióstegui García confirmó que todos los integrantes de la Jucopo acordaron analizar el caso con neutralidad, garantizando el derecho de defensa.
Balance entre justicia y gobernabilidad
El líder parlamentario destacó que la 64ª Legislatura ha priorizado la estabilidad institucional: "Se trata de hacer un ejercicio responsable, en esta legislatura hemos decidido transitarlo así y debe existir el ejercicio del debido proceso, pero también una presunción de inocencia, donde se debe dar la oportunidad a las partes de expresarse".
Reiteró que el proceso avanza conforme a los plazos legales y advirtió que cualquier decisión se tomará sin sesgos políticos.
Próximos pasos
*La Comisión Instructora deberá notificar al implicado para recibir su versión.
*Se analizarán las pruebas presentadas por el MP bajo estándares de legalidad y pertinencia.
*El dictamen final requerirá mayoría calificada en el pleno (dos tercios de los votos).
El contexto: Las declaratorias de procedencia –previstas en el artículo 111 constitucional– permiten procesar penalmente a servidores públicos, pero exigen un filtro legislativo para evitar persecuciones arbitrarias.